En Atliaca y Acatempa, comunidades pertenecientes al municipio de Tixtla los habitantes tomaron las armas para detener la ola de secuestros que ya cobraron varias vidas inocentes. Se encapucharon e instalaron retenes; detuvieron a ocho presuntos delincuentes pero se desmarcaron de la muerte de un joven cuyo cuerpo apareció tirado a dos cuadras de la comisaría.
Este fue el primer brote de inconformidad armada que se genera en la zona Centro de Guerrero, las dos poblaciones se encuentran a escasos 20 minutos de la Chilpancingo, de donde se movilizó parte importante del gabinete de seguridad para desactivar la manifestación armada.
La movilización de los lugareños comenzó desde la tarde del lunes 21 de enero, cuando los habitantes de Atliaca reportaron que un grupo de jovencitos estaba cobrando piso en los negocios de Atliaca.
La Policía Preventiva acudió al reporte y detuvo a cinco jóvenes que se desplazaban a bordo de motocicletas y los remitió a la barandilla municipal, más tarde la población detuvo a otro menor y una mujer adulta, por lo que amagó con lincharlos.
Entonces la preventiva volvió a reaccionar y los rescató para llevarlos a la barandilla, antes de los lugareños se reagruparan y fueran a reclamarlos, el jefe de la policía ordenó el traslado de los siete detenidos al Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) de Chilpancingo.
Los habitantes de Atliaca dijeron que ya están hartos de los secuestros y actos de extorsión a que los somete la delincuencia, pero las familias de los seis jóvenes detenidos avecindados en Tixtla denunciaron que se cometió una injusticia, ya que se trata de estudiantes del Colegio de Bachilleres que solo daba una vuelta en dicha comunidad.
Retenes y detenidos
La noche del lunes los habitantes de Atliaca decidieron instalar retenes con gente armada en sus principales entradas, acción que fue replicada en la vecina comunidad de Acatempa.
En ambos lugares los hombres que tenían rifles y pistolas en sus casas se encapucharon para apostarse en las entradas.
En esta ocasión no estuvieron solos, la mayoría de sus mujeres salió a respaldarlos y los hijos que están en condiciones no dudaron en sumarse a la vigilancia.
Antes de la medianoche detuvieron a dos hombres que se trasladaban a bordo de una urvan del servicio público sin placas de circulación, era la unidad número 25 del sitio Transportes Unidos de la Montaña y las dos costas, de color blanca con franjas azules y rojas.
Solo uno de los detenidos fue entregado la tarde del martes a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), del otro solamente se dijo que "probablemente había escapado".
La madrugada del martes, casi a dos cuadras de la comisaría se encontró el cadáver de un hombre joven que estaba en calcetas y vestía pantalón de mezclilla color azul marino; sudadera negra con capucha y playera azul cielo.
Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió a recoger el cadáver hasta después del mediodía, los habitantes de Atliaca se abstuvieron a platicar sobre dicho deceso con los representantes del gabinete de seguridad que acudieron al lugar.
Hasta Atliaca se trasladó la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) Martha Elva Garzón Bernal, el secretario de Seguridad Pública (SSP) Guillermo Jiménez Padilla y la subsecretaria de Asuntos Políticos Rossana Mora Patiño, Salvador Bautista Vázquez, comandante de la Policía Federal (PF) y un coronel del Ejército Nacional.
De la reunión
En la comisaría de Atliaca los habitantes manifestaron su determinación de integrar un cuerpo de Policías Comunitarios (PC), ante lo que el secretario de Seguridad Pública (SSP), Guillermo Jiménez Padilla se comprometió a capacitar a 15 aspirantes a incorporarse, bajo la recomendación de que sean solo personas honorables y con cierta preparación académica.
Lo que no se comprometió fue a gestionar armas para los policías comunitarios, por todos los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a ellas.
El comisario Octavio Ojeda Granados pidió el cierre de todas las cantinas de la comunidad bajo el argumento de que sirven para que los delincuentes se refugien, por lo que el alcalde se comprometió a cumplir la demanda inmediatamente.
En adelante se dijo que no habrá más licencias de giros rojos en el pueblo y se aplicará el programa Escuela Segura.
Ojeda Granados también pidió la seguridad para las escuelas de la localidad, lo que se anunció que va a realizarse de manera intermitente y sorpresiva.
El Gobierno estatal anunció la entrega de una patrulla para la comisaría de Atliaca, en tanto que el ayuntamiento de Tixtla anunció otra más.
La comunidad se comprometió a retirar los retenes instalados desde la noche del lunes, también aceptó no bloquear las carreteras pero se aclaró que se mantendrán los puestos de vigilancia, para observar también el cumplimiento de las corporaciones policíacas.
En varias ocasiones el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez les pidió que se quitaran las capuchas con la intención de no generar desconfianza entre los transeúntes, pero también para evitar que el movimiento lo infiltren los delincuentes que operen en la zona.
La fiscal guerrerense les solicitó que eviten caer en la justicia por propia mano, luego sostuvo que los ocho detenidos que ya tiene la PGJ serán sujetos a un proceso conforme a la ley, del que en caso de ser culpables no se podrán librar.
El chofer de la Urvan sin placas fue entregado a las autoridades, junto con los siete capturados la noche anterior suman 8 presuntos delincuentes canalizados al MP de Chilpancingo.
Los habitantes de Atliaca no quisieron decir que pasó con el segundo detenido en la Urvan sin placas, dijeron que probablemente se había fugado.
Del joven muerto encontrado a dos cuadras de la comisaría dijeron que desconocían como se dio el crimen: "Nada más lo hayamos aquí tirado como a la una de la mañana, desconocemos quien sea".
El hombre estaba en calcetas, mientras que en la comisaría permanecen los tenis de un presunto hombre detenido en el retén y que se escapó de la comisaría horas más tardes, los habitantes de Atliaca no saben si el muerto y el fugado son la misma persona.
"Esa es una tarea que deberá realizar la procuraduría y no nosotros, porque de ninguna manera somos instancia investigadora", apuntaron los embozados. SNI/Chilpancingo, 22 de enero.
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