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Se levantan en armas contra la Delincuencia Organizada en Guerrero

Ciudadanos de cinco municipios de la región de la Costa Chica se armaron para vigilar la ciudad de Ayutla e instalaron retenes en las carreteras, desde el sábado, en contra de la delincuencia organizada que realiza levantones, extorsiones, secuestros, el cobro de piso, violaciones sexuales y amenaza a los pobladores de las comunidades, esto, luego de que el comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, fuera secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada.

El movimiento, en el que participan unos 800 ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, se suma al levantamiento armado que ciudadanos de los municipios de Olinalá y Cualac, en la región de La Montaña, emprendieron para afrontar la inseguridad durante octubre y noviembre del 2012, y al enfrentamiento entre habitantes de Huamuxtitlán, también en la región de La Montaña, y un grupo de delincuentes al que se relacionó con autoridades municipales, como respuesta al secuestro de 16 personas en junio del mismo año.

Integrantes del movimiento ciudadano en Costa Chica indicaron sin embargo que a diferencia del levantamiento en Olinalá, donde los pobladores se organizaron para vigilar las entradas, en estos cinco municipios se perseguirá y expulsará a los delincuentes, detallando que la implementación de retenes en las localidades será intermitente y se trasladarán de unas a otras.

El movimiento se deslindó de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), también llamada Policía Comunitaria, y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), aunque se reconoció que en un principio se apoyaron en ellas.

"Aquí ya no somos de la UPOEG ni de la CRAC, ni de la Policía Municipal, aquí somos el pueblo organizado que ya está cansado de tantas chingaderas de los delincuentes", dijo uno de los organizadores del movimiento.

Los sublevados se encuentran en los retenes, están encapuchados y armados con rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre. Ahí paran a los automovilistas y los revisan en busca de droga, armas o indicios de que pertenecen a la delincuencia organizada.

Ahí, unos detienen a los vehículos, revisan a los conductores u ocupantes sospechosos, si no hay indicios de que pertenecen a la delincuencia los dejan ir, si hay sospecha los orillan y pasan a una segunda revisión. En ésta, si encuentran algún indicio que confirme la sospecha los detienen y los mandan a un tercer grupo de dirigentes, quienes determinan su situación.

En uno de estos retenes a la entrada de Ayutla, la tarde del sábado hubo un enfrentamiento en donde un presunto delincuente murió abatido a tiros. En esos filtros también han sido detenidos decenas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes serán sometidos a juicio bajo el sistema de usos y costumbres indígenas.

El levantamiento ciudadano detonó debido a que el sábado, integrantes del crimen organizado levantaron al comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alvarado García, quien pertenece a la UPOEG.

La privación de la libertad de la autoridad originó la movilización, primero de ciudadanos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa, quienes instalaron retenes y se dieron a la búsqueda de los integrantes del crimen organizado que se llevaron al representante municipal.

Aunque una versión indicó que como consecuencia de la presión civil, Eusebio Alvarado fue liberado la tarde del mismo sábado cerca de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal, describiéndose que "estaba bastante golpeado y en malas condiciones", otra versión, sustentada por la PGJE, indica que el comisario fue liberado durante la balacera del domingo en la cabecera municipal de Ayutla, donde murió un presunto delincuente y se detuvo a tres más.

En relación al origen del movimiento ciudadano, los integrantes, de identidad reservada por seguridad, dijeron que hace unos meses, los operadores de la delincuencia organizada comenzaron a extorsionar a los ganaderos y comerciantes y que, asimismo, cobran derecho de piso a los comerciantes.

"Lo que ya no podemos tolerar es que también quieran quitarnos a nuestras mujeres", dijo uno.

"Ya nada más faltaba que nos quisieran pedir a nuestras mujeres e hijas, por eso decidimos que ya no podíamos aguantar más y hoy, aunque inicialmente nos apoyamos en la UPOEG estamos dando la pelea", apuntó otro, uno de los dirigentes.

Y es que en los últimos meses, los delincuentes han hecho llamadas telefónicas desde los hoteles a las jovencitas de la región para que les sirvan de compañía, con la amenaza de que si se negaban a servirles sexualmente matarían a sus familiares, "y eso ya no lo podíamos tolerar", dijo uno de los coordinadores del movimiento.

"Aquí estamos coordinados con la Marina, con el Ejército y con el gobierno del estado. Lo que estamos haciendo es de justicia y en defensa de nuestra seguridad y dignidad", dijo uno de los coordinadores entrevistados en un retén de Ayutla.

Explicó, "se trata de un movimiento del pueblo para demostrarles (a los del crimen organizado) que lo que quieran hacer ellos en contra nuestra se los vamos a devolver ojo por ojo y diente por diente. Así como actúan ellos, vamos a actuar nosotros, lo que hagan ellos con nosotros se los vamos a devolver igual".

Informó que los retenes que se instalaron ayer en Ayutla, son solamente temporales porque después los van a trasladar a los municipios de Tecoanapa, Cruz Grande o Copala de manera intermitente, para "sacar de allí a todos los lacras".

Informó que en estos cuatro municipios participan unos 800 hombres armados.

Otro de los dirigentes dijo que para las 12 del día de ayer se habían integrado cuando menos 22 comunidades de los municipios de Tecoanapa y de Tierra Colorada que son afectados por el crimen organizado desde hace varios meses.

Por otra parte, se dio a conocer que partir de mañana en Ayutla ningun nivel educativo tendrá clases hasta nuevo aviso, dado que los uniformados se están internando ya en las calles de las cabeceras municipales.

Por vacío de autoridad, movimientos ciudadanos armados, admite gobernador.

El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, consideró que los levantamientos civiles se dan a la luz de la desesperación cuando ven que los cuerpos policiacos no protegen sus bienes y la integridad de las personas.

En entrevista en Xalpatláhuac, el gobernador aseguró que se fortalecería la presencia policiaca y militar en Ayutla.

Informó que ayer se reunió con los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y acordó con ellos que fortalecerá la presencia policiaca del gobierno del estado y de otras instituciones como el Ejército, aunque los propios líderes del movimiento ciudadano en la Costa Chica se han deslindado de la UPOEG y la CRAC.

Por la noche, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que precisa que la CRAC-Policía Comunitaria tiene reconocimiento oficial y permiso para portación de armas; refiere la reunión del gobernador con la UPOEG y que la administración estatal se coordinará con la CRAC para la seguridad en el área.

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