BAJO FUEGO
La
barbarie
José Antonio
Rivera Rosales
Aunque existen discordancias en la definición
del término, la mayor parte de los investigadores del tema coinciden en que el
terrorismo se define como un proceso de dominación por medio del terror, que a
su vez se identifica como un “miedo intenso” ante eventuales riesgos, reales o
imaginarios.
El terrorismo, por tanto, busca coaccionar
y/o presionar a los gobiernos o a la sociedad para imponer reclamos y
proclamas. Tal forma de expresión política puede ser ejercida por distintos
tipos de organizaciones sociales o políticas, tanto de derecha como de
izquierda, con el fin de alcanzar un propósito.
Desde su organización como grupo de
resistencia, quienes conducen el Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) han
protagonizado una lucha cuyos métodos desdicen sus objetivos humanitarios. En
principio, la resistencia a un proyecto del gran capital les agenció simpatías
y legitimidad, en particular porque para muchos resulta ser una labor noble la
resistencia contra el gran capital depredador que, montado en el modelo
económico neoliberal, ha promovido un proceso de neocolonización de los
territorios y riquezas naturales desde México a la Patagonia.
Este fenómeno, que ha sido visto con
creciente interés y preocupación en particular por los pueblos rurales de la
región -señaladamente en el centro y sur del país-, ha desencadenado también un
proceso de organización popular en cuyo seno las comunidades han comenzado a
tomar el destino en sus manos.
Sin embargo, también han irrumpido en el
escenario grupos que de la resistencia creativa pasan a la presión ofensiva,
confundiendo por completo las metas que les ofrecen asideros de legitimidad.
Es el caso del Cecop que, con una dirigencia
rupestre a la cabeza -léase Marco Antonio Suástegui-, ha incurrido en excesos
cuya única consecuencia es la confrontación con las autoridades, que tampoco
han sabido actuar en el diferendo, lo que ya causó su primer acto de violencia.
Aunque es enteramente legítima la oposición
del Cecop a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en particular
por la soberbia con que actuó la Comisión Federal de Electricidad que pretendió
pasar por encima de los derechos de los propietarios de la tierra, hasta hace
poco habían logrado mantener una línea de contención por la vía jurídica.
Pero el protagonismo de Suástegui, un falso
campesino que dista mucho de vivir de la producción del campo -vamos, ni
siquiera cuenta con una parcela de terrenos en la comunidad, pues vive de un
negocio de entretenimiento turístico en las playas de Acapulco-, ha encaminado
a la comunidad hacia una relación de confrontación con los gobiernos en turno
que, repetimos, por su parte han carecido de la inteligencia política más
elemental para ejercer un control de daños en el tema que nos ocupa.
Suástegui, cuya conducta parece mostrar
indicios de megalomanía, ha ido subiendo el nivel de confrontación con las
autoridades estatales y federales en turno, ahora con la integración de una
supuesta Policía Comunitaria a la que pretende amparar bajo la Ley 701 que
ofrece cobertura a las actividades del Consejo Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC-PC).
Inmersa como está en su propio conflicto
interno, la CRAC lo desautorizó a formar su cuerpo de seguridad hasta en tanto
presente las actas de asamblea de las 44 comunidades que integran el núcleo
agrario de Cacahuatepec.
Ahí es donde Suástegui y compinches se
atoraron, pues es claro que carece del consenso de un número importante de
comunidades que integran ese núcleo agrario, las que le han manifestado su
desacuerdo con sus objetivos y sus métodos. Desde hace años, esas comunidades
se han negado a participar en el movimiento opositor del Cecop por la sencilla
razón de que están de acuerdo con el proyecto de La Parota.
Así, el grupo de dirigentes del Cecop
simplemente está imposibilitado de cumplir con un requisito insalvable para la
CRAC, que hasta antes del conflicto interno legitimaba sus decisiones
precisamente con base en el consenso de las comunidades.
Para lograr acuerdos con la dirigencia de la
CRAC -antes había hecho el intento con la UPOEG-, Marco Antonio Suástegui llegó
al absurdo de hacer pasar a las comunidades de Cacahuatepec como pueblos
indígenas, cuando el último registro censal dejó en claro que menos del 2 por
ciento de la población del núcleo agrario habla una lengua indígena.
Uno de los episodios más lamentables del
diferendo entre el Cecop y las autoridades ocurrió a principios de año cuando
el dirigente ofendió y expulsó de la zona al alcalde Luis Walton -que era un
pendejo, le dijo-, en presencia del mismo gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De ahí en adelante se le vino la idea de que
el Cecop representa a los dueños de la tierra y, por tanto, los bienes
comunales serían en lo sucesivo “territorio comunitario” lo cual, faltaba más,
también debía tener su propia Policía Comunitaria, que integrarían sin pedirle
permiso a nadie.
Y de las palabras pasó a los hechos:
organizó a un grupo de campesinos que hace pocos días presentó como su “policía
comunitaria” los que, de inmediato, tuvieron su primer bautizo de fuego al
enfrentarse a tiros a un grupo de pobladores disidentes a quienes hizo pasar y
dio trato de delincuentes. Es verdaderamente denigrante haber presentado a esas
personas amarrados y en el piso, como si fueran animales peligrosos, cuando ya
trascendió que el incidente lo provocaron mujeres de su propia facción, que
insultaron y denigraron a uno de ellos.
Pero lo que nos invitó a abordar el tema ha
pasado desapercibido para la población, aunque se ha mencionado en los medios:
después de la contingencia ambiental, entre octubre y enero, Marco Antonio
Suástegui amenazó a los gobiernos estatal y municipal con que bloquearía las
estaciones de bombeo para cortar el suministro de agua al puerto de Acapulco,
si no acataban sus demandas de atención a diversas necesidades de su comunidad.
Esa amenaza, reiterada en por lo menos dos o
tres ocasiones -de cortar el suministro de agua a la población de Acapulco-,
fue al parecer lo que orilló al gobierno a iniciarle un procedimiento penal por
terrorismo. Aunque en el código penal la definición es jurídica, en términos
políticos la descripción del concepto se ajusta a la conducta de Suástegui.
¿Esa es la forma en que una parte del
movimiento social está dispuesta a actuar con tal de alcanzar sus objetivos? Es
sólo una pregunta.
1 Comentarios
Bien, pero te faltó decir que es un oportunista veleidoso y cobarde. Que amenazó, textualmente: "policía que entre a Cacahuatepec se muere". Y ahora que vio los chingadazos en serio en el enfrentamiento armado, no sólo aceptó de muy buena gana la presencia de la Policía Estatal y del Ejército, sino que demandó la presencia de la Policía Ministerial (por medio de rechazar la idea de llevar a la gente a declarar a la agencia de El Coloso). Eso es cobardía vil.
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