Por Julio Zenón Flores
La tortura por parte de policías municipales de Acapulco a un joven,
difundida ampliamente este miércoles 2 de abril en las redes sociales,
televisión nacional y prensa escrita, pinta de cuerpo entero el lado oscuro de
este gobierno que se precia de ser democrático y cuyo alcalde, Luis Walton
Aburto, ha presumido de su amistad con Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy
el máximo líder de la izquierda en México.
Lo decimos porque no es el primer caso. Es terrible observar cómo
policías municipales se turnan para golpear a un hombre, con un madero o con el
tolete policiaco, en los glúteos, luego en las piernas, en las rodillas, al
grado que no se puede sostener y cae al piso, y finalmente, una mujer que en el
colmo del paroxismo, quizás excitada por la violencia le agarra de su parte
viril y se la estruja con fuerza y luego le propina golpes ahí mismo, lo que
implicaría, además, un atentado a la dignidad del varón. ¿O cómo se tomaría que
un hombre hiciera lo mismo en la parte de la mujer? Pero no es el primer caso.
Es más bien algo que en el presente gobierno se está haciendo costumbre. Violar
los derechos humanos y es algo, que no pude estar ocurriendo, sin que lo sepa
el presidente municipal. Y si no lo sabe peor, porque entonces ¿hay o no hay
gobierno?
El caso es que, en otro atentado a los derechos humanos de este
gobierno, en agosto del año pasado los diputados locales exhortaron al alcalde
de Acapulco, Luis Walton Aburto, para que instruyera al DIF de ese municipio a
que deje de canalizar menores de edad al Centro de Recuperación y
Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, ya que es un riesgo
para los menores.
En ese entonces la diputada Delfina Concepción Oliva Hernández argumentó que su homólogo Jorge Camacho Peñaloza, interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, por el indebido internamiento de menores de edad de Acapulco en lugares destinados a la atención de adultos, mismos que —según expedientes e inspección ocular— se encontraban en las instalaciones del Sistema DIF-Acapulco.
En ese entonces la diputada Delfina Concepción Oliva Hernández argumentó que su homólogo Jorge Camacho Peñaloza, interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, por el indebido internamiento de menores de edad de Acapulco en lugares destinados a la atención de adultos, mismos que —según expedientes e inspección ocular— se encontraban en las instalaciones del Sistema DIF-Acapulco.
Y después de este exhorto, y después de que la Comisión de Derechos
humanos emitiera una recomendación formal, en vez de corregir el problema, el
alcalde de dura cerviz convocó a una rueda de prensa, hace apenas dos días,
para decir que rechazaba la recomendación. Duro y soberbio se vio Walton. ¿Qué
pensarán los de izquierda que votaron por él?
Días atrás, la CNDH tuvo que intervenir en Acapulco ante el evidente
exceso de fuerza de policías preventivos para detener, entre unos ocho
elementos, a una mujer indígena, que en principio la prensa confundió con una
niña, y ante lo cual el área de prensa en vez de admitir el error se dedicó a
aclarar que no era niña, como si el hecho de que no lo fuera justificara el uso
de fuerza excesiva, siendo en todo caso, una mujer adulta, indígena, enclenque,
de pequeña talla, esposada y maltratada por la policía de Walton.
Cabe recordar asimismo que en marzo 17 del 2014 el presidente de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete
Magdaleno, confirmó que la Policía Preventiva de Acapulco enfrenta el mayor
número de quejas y denuncias por “abusos y violaciones”.
Dijo que antes eran efectivos del Ejército Mexicano, la Policía
Ministerial y la Federal, quienes encabezaban la lista de quejas, pero indicó
que las denuncias han disminuido contra la milicia.
“Acapulco hoy en día es el municipio que mayor número de
quejas acumula en contra de los elementos de la policía municipal en la
Coddehum” las cuales destacan por “abuso de autoridad y excesos en
violación a los derechos humanos”, dijo entonces.
Las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno municipal parecen ser
pensadas sólo para mitigar el daño mediático que le ocasiona a la imagen del
alcalde, que ahora quiere ser gobernador, y no una de fondo que cambiara la
actitud policial de ser abusiva a una de servicio.
Nos preguntamos si no será que esas policías reciben la orden de ser
duros con la gente para imponer temor y blandos con el transporte público para
recabar recursos. Es sólo una pregunta.
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