BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
Era cuestión de tiempo para que, debido a las
presiones de la administración federal, el gobierno del estado activara
procedimientos penales en contra de la dirigencia de la Unión de Pueblos, dada
la situación tirante que había llegado a niveles insostenibles.
Con el bloqueo a la Autopista del Sol, en la
víspera, la relación entre el gobierno estatal y la UPOEG arribó a un punto de
no retorno en el que resultaba previsible la emisión de órdenes de aprehensión
contra los principales dirigentes de la más extendida organización civil de
autodefensa en el estado de Guerrero.
Con toda seguridad, esas órdenes de captura
incluyen a Bruno Plácido Valerio, pero también a sus cuadros más determinantes
como Gonzalo Torres Valencia, Ernesto Gallardo Grande, Octavio Maganda Gallardo
y Miguel Ángel Jiménez Blanco.
Pareciera que, pese a existir una cordial
relación personal entre el gobernador Ángel Aguirre y el dirigente ta savi
Bruno Plácido, la circunstancia imperante condujo a una confrontación que
difícilmente encontrará una salida política.
En la conducción de este movimiento popular hubo dos errores tácticos
que condujeron a un enfrentamiento directo entre la dirigencia de la UPOEG y el
gobierno de Enrique Peña Nieto:
Primero, la retención de aproximadamente un
centenar de militares que en agosto de 2013 fueron encerrados por 24 horas en la comunidad
de El Pericón, municipio de Tecoanapa, lo que generó la furia de los mandos
militares y del gobierno civil.
El segundo error fue esta última decisión,
seguramente dictada por la desesperación, el pasado día 8, de cerrar la
Autopista del Sol así como la carretera federal México-Acapulco, lo que causó
perjuicios a la actividad turística sin contar con los cientos de ciudadanos
que estuvieron varados durante diez horas sobre las vías federales. Este
episodio se produce exactamente un año después del incidente de El Pericón.
Este bloqueo carretero, que se avizora como un
exceso de las dirigencias, no fue decisión exclusiva de la UPOEG sino tomada en
consenso con las agrupaciones acompañantes que previamente habían participado
en la Caravana por la Seguridad, la Paz y
el Desarrollo, movimiento de protesta que simplemente fue ignorado por las
autoridades federales.
Sólo que en esta ocasión no sólo asistieron
los militantes de la Unión de Pueblos: también participaron representaciones de
diferentes colectivos campesinos, indígenas y empresariales que exigen
condiciones elementales de seguridad para trabajar por el desarrollo de
Guerrero.
Aunque sería fácil censurar los actos de
presión protagonizados por la autodefensa armada campesina, aquí habría que
dirimir quién tiene la mayor responsabilidad en este choque de trenes que se
anticipa con las anunciadas aprehensiones: las dirigencias civiles que demandan
seguridad y desarrollo, o el gobierno federal que simplemente las ignoró.
Así las cosas ¿qué esperaba el gobierno
federal que sucediera?
El vocero autorizado del gobierno estatal,
José Villanueva Manzanárez, ya informó claramente que existen órdenes de
captura en contra de Plácido Valerio y de otros dirigentes a los que no
identificó.
El gran problema aquí es que la aplicación
llana y simple de la ley, como pretenden los asesores del gobierno del estado,
conducirá a una coyuntura social peor que la que se trata de sancionar.
Desde
hace muchos meses, las dirigencias naturales que integran a la Unión de
Pueblos en las comunidades de la costa-montaña tenían previsto un escenario de
esta naturaleza y, ante ello, se preparan para dar una respuesta.
Desde el principio estos cuadros medios
habían previsto que sus principales dirigentes fueran encarcelados y aún
asesinados, ante lo cual trabajaron en la construcción de liderazgos naturales
de relevo que actuarían en consecuencia. Esto es, que la organización
reproducirá sus cuadros de dirigencia tantas veces como sea necesario, en cuyo
contexto llamará a sus bases a una protesta generalizada en un número
indeterminado de comunidades de La Montaña, la Costa Chica y El Centro.
Adicionalmente las bases, integradas por pueblos
indios, mestizos y negros, procederían a paralizar alcaldías, carreteras
regionales, el transporte público y, en el extremo, secuestrarían a
funcionarios judiciales -jueces, actuarios, policías ministeriales, ministerios
públicos- en los más de 30 municipios en los que tienen presencia.
A esa reacción virulenta con seguridad se
integraría el magisterio disidente que, en razón de una alianza existente con
el movimiento social, tendría un escenario propicio para reactivar sus propias
manifestaciones de inconformidad.
Es, pues, un cuadro previsible de anarquía
total.
Esta previsión existe desde 2013
precisamente ante una eventualidad como la anunciada por el vocero oficial, que
podría derivar fácilmente del caos a la violencia en un estado con presencia de
formaciones guerrilleras que, resulta obvio suponerlo, en modo alguno
desaprovecharían la coyuntura.
¿Esto es lo que pretende el gobierno?
¿No sería más sensato actuar con
inteligencia política para discutir y negociar una salida a la demanda social,
más con oficio político y menos con alardes de fuerza?
¿O es el propio
gobierno el que pretende reventar, por así decirlo, la demanda social?
¿A dónde nos lleva
esta espiral de sucesivos conflictos? Son sólo preguntas.
1 Comentarios
si el gobierno quiere detener las auto defensas o la policía comunitaria primero que garantice la seguridad de los pueblos por que con todo su equipo que tienen los soldados y los estatales no an podido ni querido ayudar al pueblo siempre lo an querido mirar en el suelo y con la pata en el pezcueso
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