BALDEMAR GOMEZ ROQUE
Chilpancingo
Gro., a 26 de octubre de 2014.- Hace un
mes, la noche del 26 de septiembre, la violencia se desató por parte de un
grupo de policías municipales de Iguala y Cocula, en complicidad con
integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, con saldo de seis personas muertas,
20 heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, desaparecidos, que hasta
la fecha siguen sin aparecer.
Estos hechos revelaron la relación de complicidad entre
corporaciones municipales con el crimen organizado, desde la misma presidencia
municipal en manos del perredista José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María
de los Ángeles Pineda Villa, directamente vinculada con uno de los cárteles con
más presencia: el de los hermanos Beltrán Leyva.
Según reportes de autoridades, los que no alcanzaron a ser alterados,
así como versiones de testigos y sobrevivientes, los ataques a normalistas
iniciaron aproximadamente a las 21:00 horas, a su llegada a Iguala.
Antes de la medianoche, el saldo era: tres estudiantes muertos,
dos con heridas de bala y otro con huellas de haber sido desollado del rostro,
cuyo cuerpo se halló en la avenida Periférico Norte.
Las agresiones se extendieron a la carretera federal
Chilpancingo-Iguala, en el kilómetro 176, donde los agresores dispararon en
contra del autobús en el que viajaba el equipo Avispones de Chilpancingo,
matando a un jugador: David Josué, de 15 años.
Además del conductor del camión con los futbolistas, también murió
Blanca Montiel, una mujer que viajaba en un taxi.
Para las primeras horas del 27 de septiembre, a las seis víctimas
mortales se sumaron los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, cuyo paradero, a un mes, todavía se desconoce, y por quienes la
Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 64.5 millones de pesos de
recompensa por información que lleve a su localización: millón y medio por cada
uno.
Un mes de investigaciones
A un mes de los hechos violentos en Iguala, Guerrero, las
investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, han llevado a la detención de 52
personas, entre policías municipales, funcionarios y de Guerreros
Unidos.
También se estableció como móvil de las agresiones la orden del
exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de impedir el paso de los normalistas,
debido a que se realizaba un baile para su esposa, María de los Ángeles Pineda
Villa, quien rindió su segundo informe de labores al frente del Sistema DIF
Municipal.
Por estos hechos se giraron órdenes de aprehensión en contra del
matrimonio Abarca Pineda, del director de Seguridad Municipal de Iguala, Felipe
Flores Velázquez, y del subjefe de la Policía Municipal de Cocula, César Nava.
En relación con la cúpula de Guerreros Unidos, su líder, Sidronio Casarrubias
Salgado, ya fue detenido y consignado a un penal de máxima seguridad en el
Estado de México; además, se abatió a Benjamín Mondragón Pereda El Benjamón,
durante un operativo en Jiutepec, Morelos, el pasado 14 de octubre.
Una persona identificada como El Gil también es buscada por las autoridades, quien
es señalada como la responsable de organizar el traslado de los normalistas a
un predio de Pueblo Viejo, en las inmediaciones de Iguala, para lo que dispuso
de un camión de redilas.
Las investigaciones establecen que El Gil reportó
directamente de todo lo ocurrido en Iguala a Sidronio Casarrubias, por medio de
un equipo de radiocomunicación.
La noche negra de Iguala
A partir de las declaraciones de detenidos, testigos y víctimas,
las autoridades saben que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, la mayoría de primer ingreso, se trasladaron a Iguala en
dos camiones secuestrados de la empresa Estrella de Oro.
El motivo del traslado era “botear” en esa ciudad para obtener
recursos y poder viajar a la Ciudad de México, con motivo de la marcha por la
conmemoración del 2 de octubre.
Alrededor de las 18:00 horas, el grupo de casi 80 estudiantes
partió de Ayotzinapa con destino a Iguala, pero esa noche tres perdieron la
vida y 43 fueron desaparecidos.
Para establecer la relación de los hechos ocurridos la noche del
26 y madrugada del 27 de septiembre, han sido relevantes las declaraciones de
Sidronio Casarrubias y sus cómplices: Honorio Antúnez Osorio El Patachín,
Martín Alejandro Macedo Barrera, Marco Antonio Ríos Berber y Luis Alberto José
Gaspar.
La información aportada por los integrantes del grupo criminal se
confrontó con la que proporcionó David Hernández Cruz, adscrito al área de
Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala, quien estaba a cargo del Centro
de Control de la Policía Municipal.
Los halcones al servicio de Guerreros Unidos y de
la Policía Municipal de Iguala comenzaron a informar, aproximadamente a las
21:00 horas, la llegada de los dos camiones con normalistas por la avenida
Periférico Norte.
En ese punto de ingreso a la ciudad, los estudiantes bajaron de
las unidades para intentar secuestrar otros tres camiones, ahora de la línea
Costa Line, logrando apoderarse de dos, y en un tercer caso el conductor opone
resistencia y es lesionado.
A las 18:00 horas de ese viernes 26 de septiembre, María de los
Ángeles Pineda, esposa del alcalde, había presentado su segundo informe de
labores al frente del Sistema DIF-Municipal, en la Plaza Cívica de las Tres
Garantías.
Posteriormente se organizó un baile amenizado por los grupos
Collage y La Luz Roja de San Marcos, como parte de las celebraciones por el
informe.
El operador del Centro de Control de la Policía Municipal,
Hernández Cruz, comenzó a reportar la presencia de normalistas, para que
elementos de la policía acudieran a atender llamadas con denuncias de
ciudadanos, relacionadas con algunas agresiones de los estudiantes.
Esa información fue interceptada por un sicario operador de Guerreros
Unidos, identificado como El Gil, o El Cabo Gil, quien inicialmente infirió que los agresores
podrían ser integrantes del grupo criminal Los Rojos, con quienes se disputan la plaza.
Por parte de los uniformados municipales, la sospecha era que los
normalistas pretendían dirigirse a la plaza de las Tres Garantías para irrumpir
en el baile, por lo que se reportó así al secretario de Seguridad Pública
Municipal, Felipe Flores Velázquez, y éste lo hizo a su jefe, el ahora
exalcalde, José Luis Abarca Velázquez.
En junio de 2013, integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos habían realizado una serie de protestas en ese municipio, que
concluyeron con ataques al edificio de la presidencia municipal y un
enfrentamiento con policías locales.
Ante la posibilidad de que los normalistas se acercaran a la plaza
en donde se realizaba el baile, el responsable de seguridad pública, Flores
Velázquez, ordenó que se solicitara el apoyo de la Policía Municipal de Cocula
para replegar a los estudiantes.
Para esos momentos, los primeros ataques a balazos ya se habían
realizado, con el reporte de un joven muerto, por lo que los estudiantes
abordan un camión para escapar del lugar.
Mientras tanto, en otro punto, policías municipales y hombres
encapuchados atacaban un camión que transportaba al equipo Avispones de
Chilpancingo, en donde pierden la vida el jugador David Josué, de 15 años, y el
operador del autobús, identificado como Víctor Lugo.
Cuando los agresores se percataron que se habían equivocado de
objetivo, dejaron de atacar a los deportistas, pero también asesinaron a Blanca
Montiel.
Para interceptar a los normalistas que habían logrado escapar del
primer ataque, por las frecuencias de radio de los policías y de los
integrantes de Guerreros
Unidos se recibió la orden de enfrentarlos.
Según las declaraciones, la orden vino de A-5, clave con la que se
identifica a José Luis Abarca, por lo que se inicia la detención del mayor
número de estudiantes normalistas.
Elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula pasaron
del bloqueo de la carretera de ingreso al municipio a la persecución de los
estudiantes, los que una vez capturados son enviados a la Central de la Policía
Municipal de Iguala.
Aparece
El Gil
Bajo las órdenes de César Nava, subjefe de la Policía Municipal de
Cocula, quien presuntamente también está vinculado con Guerreros
Unidos, un grupo de uniformados a su mando llegó a las
instalaciones en donde estaban retenidos los normalistas.
El grupo de estudiantes, ahora se sabe, serían los 43 que
permanecen desaparecidos, fueron obligados a salir de las instalaciones de la
Policía Municipal para abordar un camión de redilas color blanco, para ser
entregados a El
Gil, operador o lugarteniente de Sidronio Casarrubias.
El dirigente del grupo delictivo recibe la información de lo
ocurrido en Iguala, pero El Gil se lo adjudica a la presencia de Los Rojos,
sus enemigos en el control de las operaciones delictivas en la región, como el
tráfico y producción de drogas, el secuestro y el cobro de derecho de piso.
El camión con los estudiantes a bordo es dirigido por un camino de
terracería hacia la comunidad de Pueblo Viejo, en donde vive El Gil,
y se pierde el rastro de las víctimas, quienes ya cumplen un mes como
desaparecido.
El pasado 9 de octubre la PGR realizó un cateo en la casa de El Gil,
y halló, entre otras cosas, un camión de redilas con las características del
descrito por los sospechosos que presuntamente conocieron del traslado de los
estudiantes.
Peritos forenses argentinos realizan estudios para confirmar la
identidad de las víctimas, luego de dos estudios realizados por la PGR y la
División Científica de la Policía Federal, que resultaron negativos ante
errores en el procedimiento de toma de muestras por parte de la Fiscalía
General de Guerrero.
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