Aguirre: Lo que sigue

trasfondo

Julio Zenón Flores

La mayoría de los analistas políticos coincidimos en que lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre es la peor tragedia ocurrida en México desde aquel fatídico 2 de octubre del 68. Fueron asesinados en caliente cuatro jóvenes, tres normalistas, un futbolista de 17 años del club de tercera división de Chilpancingo Los Avispones, y dos adultos más. Junto a ello, hubo 25 personas heridas de bala y 43 estudiantes desaparecidos.

Algunas cosas han quedado claras desde entonces: Fue la policía la que se los llevó. Los jóvenes estaban siendo seguidos y vigilados por personal de la Fuerza Estatal (policía del estado) y por personal federal, incluidos militares.

Los policías de Iguala mantienen nexos con grupos criminales, en especial el grupo Guerrero Unidos.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, haya dado o no la orden de cometer ese crimen, no puede ser ajeno, tanto por la relación familiar ya difundida con el grupo criminal referido, como porque es el jefe directo de los policías municipales. Por otra parte este alcalde ya tenía otros señalamientos por asesinatos de líderes sociales.

El gobernador, Ángel Aguirre, mantenía una estrecha relación con el alcalde señalado. Conoció las acusaciones anteriores y es jefe de la policía estatal, la cual había asumido el Mando único en ese municipio. Y no hizo nada.

El procurador General de la República (PGR) también había sido advertido de las relaciones del alcalde con el grupo criminal. Y no hizo nada.

De todo ello se deduce que el crimen en Iguala es responsabilidad del gobierno, en sus tres niveles y que todos deben ser castigados según su grado de responsabilidad.

Han pasado 18 días sin noticias de esos jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y muy poco se ha avanzado en el caso. Todo a quedado en algunas detenciones de los peces chicos, policías, algunos delincuentes detenidos o asesinados y un juicio de procedencia contra el alcalde igualteco. Una farsa de búsqueda, muchas comisiones y ningún pez gordo siquiera indiciado.

Ante ello, la ira del pueblo ha estallado. La destrucción de los palacios legislativo, de gobierno estatal y municipal en la capital del estado, es una muestra del rechazo a este gobierno que solo da largas al asunto, para cansar al movimiento y esperar que se olvide un poco para regresar a su “normalidad”.

Lo que los guerrerenses esperamos es que el gobernador y el titular de la PGR, también sean juzgados por omisión y negligencia y que aparezcan los jóvenes desaparecidos.

Hoy en Guerrero el clamor general es que el gobernador debe irse, y ya hay versiones de que eso ocurrirá en breve. Se sabe que secretamente ya ordenaron a la burocracia estatal empezar a preparar informes para entregar el cargo.

Quizás en ese sentido apunta el oportuno incendio del edificio Tierra Caliente en el palacio de gobierno, donde se dice que se guardaban archivos de finanzas, así como de los contratos de Comunicación Social con la prensa vendida de Guerrero.

Las fuerzas sociales ahora tensan sus fuerzas en el sentido de reforzar la búsqueda de los normalistas, pero los analistas independientes debemos ir más allá y pensar en que lo ocurrido en Iguala no se repita. Para ello necesitamos embonar lo ocurrido con la elección en el 2015 y buscar medidas para cerrar el paso a esa gente omisa, negligente, o que tiene nexos con los grupos criminales.

Más que estar pensando en quién puede sustituir a Aguirre, que se puede ir en cualquier momento, en cuanto el PRD entienda que le hace daño ese respaldo, pese a todos los favores que el mandatario pudo haberles hecho; pues el sustituto poco podrá hacer en el tiempo que resta de la administración. Más que en eso, hay que pensar en qué tipo de ciudadano queremos que encabece el gobierno a PARTIR DEL AÑO QUE VIENE, para que matanzas como la de Iguala no ocurran nunca más.

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