Los brutales crímenes continúan azotando a México. El miércoles se conoció uno que ha conmocionado a los estados de Guerrero y Morelos: decapitaron al activista Gustavo Salgado Delgado. El joven de 32 años era líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) y hace más de cuatro meses, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, impulsó las protestas para que las autoridades presentaran con vida a los estudiantes.
“Las causas de su secuestro y asesinato siguen bajo investigación”
El líder social fue secuestrado el martes por un grupo armado cuando salía de una asamblea popular de jornaleros de la Montaña de Guerrero. El miércoles a las 5 de la tarde, las peores sospechas se confirmaron: había sido asesinado. Su cadáver fue hallado en un paraje del estado de Morelos con visibles signos de tortura y había sido decapitado.
Gustavo Salgado Delgado tenía previsto participar en las marchas a favor de Ayotzinapa realizadas el miércoles por la Universidad de Morelos. El activista había sido un ávido defensor del movimiento por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado.
Los padres entregaron una petición para que exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los 43 estudiantes.
Salgado también era conocido por asesorar y dirigir a jornaleros de Guerrero, quienes resultaron afectados por las lluvias de los huracanes Ingrid y Manuel, quienes buscaban instalarse en Morelos, donde trabajan de forma temporal en los campos de caña, principalmente, sin ningún tipo de derechos, por lo que su presencia en la zona se volvió incómoda para los líderes cañeros, de acuerdo con reportes del diario Excélsior.
Su desaparición
Miembros del FPR, que habían denunciado el martes la desaparición de su líder, responsabilizaron del secuestro a las autoridades del estado de Morelos, colindante con Guerrero, y al propio gobernador, Graco Ramírez.
Sus compañeros informaron que el martes a las seis de la tarde salió de una reunión en la localidad de El Chivatero, en Morelos, y abordó el transporte público que lo llevaría al municipio de Ayala, donde se presentaría a otra reunión. Quienes lo esperaban en Ayala se preocuparon por su tardanza y comenzaron a buscarlo en cuarteles municipales y estatales, luego decidieron levantar su denuncia.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, no cree en la versión del gobierno sobre el caso Iguala.
Las causas de su secuestro y asesinato no son claras, el crimen sigue bajo investigación; sin embargo, miembros del FPR emitieron un comunicado en el que aseguran: “la actividad política de nuestro compañero ha sido constante en la defensa de la tierra para trabajarla y para la vivienda en el municipio de Ayala, para trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca”.
Y agregan: “es a partir de esta situación que los caciques locales y el estado han mantenido constante vigilancia y hostigamiento hacia el compañero, como lo demuestra su ilegal detención el día 20 de marzo de 2014, en Cuernavaca, Morelos, mientras participaba en una marcha convocada por el Frente Ciudadano contra la Ley de Ingresos”.
©Univision.com
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