El asesinato de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el
pasado 12 de diciembre, en la salida sur de Chilpancingo, ha puesto al
gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, bajo una verdadera tormenta, cuyo
efecto se ve incrementado por otros sucesos en la entidad y que hasta ahora el
equipo del mandatario no ha podido afrontar con eficiencia.
De lo que
se derivó de esos hechos se puede destacar la desafortunada actuación política
del gobierno estatal al actuar bajo la bandera del PRD pero con conductas
propias del PRI. En esencia esto condujo a la muerte de los dos normalistas y
al peor escándalo político que ha enfrentado Aguirre Rivero en los 8 meses de
su gestión: Si ese bloqueo normalista demandando la presencia del titular del
Ejecutivo hubiera ocurrido en un gobierno realmente perredista, por ejemplo en
el DF, Marcelo Ebrard, si habría acudido al diálogo con los estudiantes,
en lugar de mandarle a los gorilas
policiacos. Aquí en cambio, el gobernador menospreció la manifestación de
protesta y no mandó ni siquiera a su operador, Humberto Salgado, mientras que
la gente que mandó incapaz ante este tipo de protestas, dejó fluir las cosas
hasta que ocurrió el asesinato de normalistas.
También
se destaca el burdo manejo de la crisis post asesinato y el descarado
linchamiento ordenado por Aguirre contra los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, en los medios de comunicación comprados, como publicó Proceso, con
diversas cantidades de billetes, con lo cual el mandatario pretende eludir su
responsabilidad, como jefe político del estado, como jefe directo del
Procurador quien ya dijo que mandó a la policía cumpliendo órdenes del
gobernador.
El
linchamiento en los medios trata de convertir en los malos de la película a los
estudiantes que perdieron la vida, que fueron torturados y que fueron
injustamente detenidos por las fuerzas represivas de Guerrero, cuando ellos no
han hecho más que luchar por su derecho a la educación y si estaban bloqueando
ese día fue porque el gobernador no los había recibido ni aún en las citas que
él mismo les puso.
Al
asesinato de los jóvenes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús,
ante decenas de reporteros, durante una manifestación pública en la principal
vía de acceso al estado, se suman situaciones como:
·
La
desaparición del jefe de información de periódico Novedades Acapulco ocurrido
el 7 de junio de este año, Marco Antonio López Ortiz. (por cierto que el
gobierno que derrocha recursos en la prensa dócil, a ese periódico, Novedades,
no le ha comprado publicidad)
* La
muerte de la ex esposa de Lucio Cabañas, la muerte de un ecologista dentro de
una cárcel de Iguala
* El
secuestro de dos líderes ecologistas y el “levantón” de 17 personas en la
sierra de Costa Grande
* El
asesinato del líder de taxistas de Ometepec, quien era uno de los más
aguerridos que mantenía en jaque al gobierno estatal
* El
asesinato del diputado federal “500”, Moisés Villanueva,(quien se negó a
salirse del PRI para irse al PRD, como se lo pidió Sofío Ramírez) cuya curul
fue ocupada reciente e inopinadamente por el ex secretario de desarrollo rural
del gobierno estatal, Sofío Ramírez, uno de los señalados, en un principio,
como sospechoso de la autoría intelectual del asesinato.
Pese a
ello, no todo su equipo parece ser consciente de la situación y al contrario,
muchos de ellos han sido presa del pánico y están actuando descoordinadamente,
dando palos de ciego, lo cual está empeorando las cosas:
El
primero que dio un paso en falso fue el ahora ex procurador Alberto López
Rosas, quien en vez de ser prudente ante la gravedad de las cosas y buscar la
coordinación con las fuerzas federales, para afrontar públicamente las
consecuencias del asesinato de los normalistas, se fue contra los federales,
mintiendo además, al menos así se vio en la opinión pública pues mientras él
decía que había mandado a sus elementos desarmados, en los videos de todas las
televisoras aparecían disparando y armados. El daño hoy sería menor si hubiera
esperado a coordinar la respuesta institucional, pero hoy insiste en
enfrentarse a la federación, cuyo papel en Guerrero ha sido crucial para
disminuir el índice delictivo.
López
Rosas, es hoy un cabo suelto peligroso para la causa del gobernador, pues
mientras sigue pegando a la federación obliga al gobernador a deslindarse y
ello complica la situación del ex procurador pues termina por ser ubicado como
el problemático ante la federación y en vez de bajarle de nivel, el perredista
amenaza veladamente al gobernador al mencionar que él mandó a los policías
acatando la orden del gobernador.
La
situación ha llegado al nivel en que la suerte del gobernador depende de
factores externos a la entidad, en especial, del PRD nacional, el cual toma sus
determinaciones conforme a sus acuerdos internos de las corrientes. Y las
corrientes, al menos las de mayor peso del PRD hoy no están tan contentas con
el gobernador. Lázaro Mazón, David Jiménez y el propio López Rosas, se sienten
presionados. A López le habían impuesto gente y ahora lo dejan solo con el
problema de los ayotzinapos, a Lázaro y Rumbo, les han impedido manejar su
propio presupuesto y los han colocado como empleados de la esposa del
gobernador, quien desde el DIF actúa como una vice gobernadora. Si ese malestar
de estos personajes se trasmite a sus corrientes nacionales y no se aplica ya
una medida de mitigación, esas corrientes pueden no tomarse tan en serio la
defensa del gobernador en el Senado, ni en la cámara de diputados federal,
donde realmente se va a decidir la suerte de Aguirre Rivero.
En esas
cámaras, los acuerdos en torno al mandatario estarán en manos del cabildeo del
PRD con los legisladores del PRI y del PAN y hay que recordar que el PRI
nacional no está muy contento con la forma en que perdió el estado de Guerrero
y que eso les puede llevar a tomar revancha ahora que la vida les da la
oportunidad.
Paradójicamente
son los priistas guerrerenses y no los perredistas los que han asumido la
defensa del ometepequense y habría que ver qué tanto esa defensa se lleva al
ámbito nacional para salvarle la cabeza.
Otro
elemento peligroso para el gobernador es la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), pues apenas en junio fue dotado de las nuevas facultades que le
permitieron citar a declarar al gobernador Aguirre –lo que es histórico- y
puede que no desperdicie la oportunidad de dar una muestra de independencia del
poder y llevar a juicio al mandatario de Guerrero, pues de lo contrario la CNDH
quedaría evidenciada ante la opinión pública al proteger a un actor a todas
luces responsable y dar con ello carta de naturalidad a la impunidad y al abuso
de poder. ¿Cómo echar la culpa a “fuerzas oscuras” si todos vimos en los videos
que fue la policía, es decir, el gobierno quien asesino a los jóvenes
estudiantes?
Hoy los
caminos del gobernador debieran ser los de la prudencia. Renunciar a una parte
del pastel del poder y dar jugada real a las corrientes del PRD a las que solo
les dio cargos de membrete, para amarrar el apoyo del PRD nacional, el real, no
el diplomático; dar pasos rápidos para que policías y funcionarios de su
gabinete involucrados sean castigados y conciliar con los ayotzinapos y los
grupos radicales de Guerrero. El precio sin duda es alto, pero si es para
salvar la cabeza, bien lo vale.
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