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Bloqueo y desalojo… Un grave error

por Dagoberto Márquez

Con mi solidaridad y mi afecto para el buen doctor, don Pablo Sandoval Cruz.



Los errores cuestan, dice la sabiduría popular. Y así es. Por esa razón, remitiéndonos de nuevo al muy grave desenlace del bloqueo a la Autopista del Sol así como al cruento desalojo del 12 de diciembre anterior, lo que ocurre ahora es “normal”. Así, entre comillas. Lo es porque en principio no debió ocurrir. Lo es porque, tras los sucesos, el maremágnum no se hizo esperar y sólo la investigación habrá de colocar todo en su justa dimensión. Lo es porque, en un evento donde concurre tanta gente y hay muertos y heridos de por medio, todo se complica, a más no poder. Pero nada está escrito aún y hasta que la autoridad judicial no declare el hecho como cosa juzgada, todo sigue y seguirá su curso, hasta el final. Y habrá nuevas diligencias y más momentos de tensión. Y habrá confrontación y careos, todo lo que prevea la ley, incluyendo medidas poco utilizadas como el detector de mentiras, la exhumación de cadáveres y el suero de la verdad en los inculpados si así lo dispone la ley y un juez. Los hechos sucedieron al calor de la confrontación. Nadie quiso ceder. Hoy, llevada a fondo la indagatoria de rigor, las cosas deben sujetarse a los criterios de la propia ley, a los del Código Penal. Es la única forma de procurar justicia aunque entre un suceso y otro haya incomodidad, miedo y más tensión. Como dijimos antes, los agentes policíacos fueron al cumplimiento de su deber. Como dijimos también, los estudiantes decidieron el bloqueo alocadamente, sin más ni más aunque se excusen con lo de la no atención por parte del gobierno estatal. Y murieron 3 personas y hay lesionados, estos últimos se recuperan de heridas que pudieron ser de más gravedad. Hoy en día, el ex procurador Alberto López Rosas, un hombre al que se considera serio y competente incluso, está también en la ruta de la propia investigación.

Estimado lector, Fina lectora, nada de lo que ocurre al respecto estaría sucediendo si los normalistas hubieran sido consecuentes en su proceder. Nada estaría ocurriendo si los agentes policíacos lo hubieran sido también. Pero da el caso que nadie quiso ceder y he ahí las consecuencias y las repercusiones de tan grave error. Y no, no se trató de una protesta más. No se trató de un acto pacífico por parte de los normalistas, no en toda la expresión. Hubo tensión, amedrentamiento, desafío, reyerta y rijosidad. Disparos finalmente, y toda una pérdida de control. De ahí vino todo lo demás. A saber, detenciones, declaraciones inmediatas, explicaciones, conferencias de prensa, confusión, probable desaseo procesal, liberación inédita de detenidos, deficiencias en la integración inicial de la averiguación, tomas de posición, llanto, exigencia, confrontación política, posibles contradicciones, probables inconsistencias, brutalidad previa por parte de algunos agentes, y, muy probablemente, faltas a la verdad. Todo combinado ha dado el resultado que tenemos el día de hoy. Y lo tortuoso y rígido de la indagatoria seguirá, no hay más. En la misma interactúan el Ministerio Público federal, el Ministerio Público local, la CNDH, jueces del Poder Judicial de la Federación y, porque los normalistas lo pidieron, una comisión de intermediación. Esta última está formada por intelectuales y por defensores de derechos humanos de probada y muy amplia reputación. Y todo avanzará hasta su conclusión, hasta que haya resultados que den paso a la Cosa Juzgada que, guste o no, será elevada a rango de Verdad Legal. Cuando esto ocurra habrá sentencias, gente en prisión, tristeza, apelaciones, denuncias y peticiones ante instancias de procuración de carácter internacional, disculpas públicas, reparación de daños y todo aquello a lo que el Estado Mexicano está obligado por la propia Constitución.

En vía de mientras los sucesos darán más de qué hablar porque no todo es claro aún. Algunos estudiantes pueden ser detenidos incluso para que expliquen lo que no sabemos todavía pero que evidentemente ocurrió. Todo esto en medio de una singular situación donde al parecer se quiere proteger a la policía federal. Se dice esto porque no obstante que las imágenes muestran a los agentes federales sometiendo a los normalistas, estos no son acosados como sí lo son los de carácter estatal. El comisionado incluso (de la policía federal) fue sustituido semanas atrás, tras entregar a la CNDH un informe del que no se sabe más. El funcionario que está por encima del ahora ex comisionado es Genaro García Luna, responsable titular de la secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. Dicho funcionario depende directamente del Presidente de la República y todo parece indicar que, aún concediendo que los agentes fueron al sólo cumplimiento de su deber, se les quiere exonerar. Pero la ley es la ley podrá decir usted y no, no está en un error. Por eso, con el justo seguimiento de abogados y de las propias partes, todo habrá de esclarecerse, tarde o temprano, así sea reabriendo y re analizando el caso por un subsiguiente gobierno federal. La impresión que tenemos es que al estudiante caído en plena carrera lo balearon de frente y no eran los agentes ministeriales locales los que estaban en esa posición. Por eso extraña la postura de la CNDH la cual hoy sí tiene facultades para indagar antes que sólo recomendar. Los miembros de la comisión de intermediación deben ser escrupulosos por lo tanto, so pena de caer en el descrédito público tras aceptar su participación. Si los normalistas tienen culpa alguna lo sabremos pronto porque no es ni ético ni deseable el que haya puntos oscuros (en el caso) que den al traste con la aplicación tácita de la ley.

En este orden de cosas hay todavía mucho que aclarar y no es la dimisión del gobernador la solución que se esgrimió semanas atrás. El derrocamiento de un mandatario se justifica en la medida de que se comprueba su participación en un acto lesivo para la sociedad y no es el caso, no hay pruebas de un sórdido ni de un nefasto proceder de parte de él. Es verdad sin embargo que tales acontecimientos enturbian la marcha de lo que puede ser un buen gobierno hasta su final pero hasta ahí, no más. En esa tesitura la titular de la PGR debe ser precisa, clara y precisa porque la opinión pública sigue con mucha atención lo sucedido aquí. En esta lógica, la titular de la PGR, una mujer que me parece lúcida y ecuánime por igual, debe revisar y revisar bien. No hacerlo complicaría todo y el gobierno del que forma parte pronto concluirá. Dicho de otra forma, la investigación debe hacerse y hacerse bien, a fondo y bien. Por eso es correcto el que se señale a elementos de la Procuraduría local por el hecho de evasión (de reos), pues de acuerdo con la gravedad de lo sucedido a nadie se debió conceder la libertad al día siguiente de su detención. Pero es verdad, dirá usted, era lo políticamente correcto para evitar más tensión. Y tiene usted razón pero las normas penales existen y no hay para dónde ir. Es decir, debían todos ajustarse a los cánones de la ley, a los dictados del Código Penal. El no hacerlo, propició lo que vemos hoy.

Si la norma escrita se sigue al pie de la letra y si acaso hubo manipulación, encubrimiento y obstrucción por parte de la autoridad local, como lo señala la autoridad pericial federal, habrá más detenciones, más sujetos a proceso, más indiciados, más sospechosos, más abogados, más coraje, más llanto y más tensión. ¿Por qué?. Porque todo fue un error. Uno propiciado por quienes comandaron a los estudiantes normalistas ese día y por quienes comandaron a los agentes que fueron armados (al desalojo) pero sin un oficial de alto rango que, con la voz más fuerte y determinante, impidiera el tiroteo y la brutalidad, lo cual, además de innecesario tal vez, enlutó y tiene en la cárcel a gente por igual. Si la norma escrita se sigue al pie de la letra, irá gente a prisión, pero sólo la gente que ahí debe ir y no más. Y la pregunta sigue en el aire… ¿Por qué dispararles si tenían la situación bajo control?. Los habían dispersado, los habían sometido, los tenían arrinconados en la parte sur. ¿Tuvieron miedo los agentes policíacos por alguna razón? ¿Se sintieron en peligro por parte de los estudiantes? ¿Por qué? ¿Qué no se ha dicho ante la autoridad que sigue de cerca la investigación? ¿Cuándo se hará y ante quién?      

Es todo, de momento otra vez…         
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