Agregó que de las 21 empresas que incurrieron en responsabilidades administrativas, sólo nueve de ellas, acudieron a los citatorios del gobierno federal para hacer las aclaraciones pertinentes y acordar los mecanismos para solventar las observaciones y resarcir el daño, mientras que el resto, 12, no hicieron caso de las medidas de apercibimiento, por lo cual contra ellas se continúan las investigaciones.
En relación con las sanciones la funcionaria federal pidió al presidente que de entrada, estas empresas observadas y sujetas a investigación por un daño patriomonial que alcanza los 50 millones de pesos, no puedan participar en los nuevos procesos de licitación para realizar la reconstrucción con motivo de las nuevas afectaciones provocadas ahora por las lluvias.
Robles Berlanga enfatizó que es inmoral tanto de las empresas constructoras, como de la instancia supervisora "que firmó de que las obras estaban ahí, a pesar de que no estaban", desviaran recursos destinadas a ayudar a gente necesitada.
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