Fernando Polanco Ochoa
Los gobiernos
federal y estatal ofrecieron una disculpa pública a la familia de Faustino
Jiménez Álvarez, desaparecido el 17 de junio del 2001 por elementos de la
entonces Policía Judicial.
De esa manera, ambos gobiernos reconocen su
responsabilidad por la desaparición forzada de Jiménez Álvarez, originario del
municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), y además ofreció una
investigación y reparación del daño.
La disculpa se efectuó este jueves en la sede de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la cual acudieron
familiares del desaparecido, así como su esposa Enedina Cervantes y sus hijos
Ricardo y Julieta.
El evento fue encabezado por la subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García
y el procurador, Iñaki Blanco Cabrera, entre otros funcionarios de ambos
gobiernos.
La disculpa derivó de una recomendación emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), aceptada el 8 de abril del
2007, y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” tras la
violación a los derechos individuales de Jiménez Álvarez.
De acuerdo con esa última organización, Jiménez fue
desaparecido el 17 de junio del 2001 por cinco elementos de la Policía Judicial
del Estado quienes ingresaron violentamente a su domicilio, lo amenazaron con
matar a su esposa e hijos y finalmente se lo llevaron.
“Este reconocimiento es uno de los compromisos adquiridos
en el acuerdo de solución amistosa que fue firmado entre las autoridades, los
familiares del señor Jiménez y las organizaciones representantes el 27 de
septiembre del 2012”, señaló el Centro de Derechos Humanos.
Al hacer uso de la palabra, Enedina Cervantes, esposa de
la víctima, afirmó que las autoridades del Estado Mexicano están obligadas a
esclarecer plenamente la desaparición de su esposo.
“Mi prioridad es conocer la verdad y que se haga
justicia”, dijo ante los funcionarios de los gobiernos federal y estatal.
Reclamó que el evento de este jueves es apenas el comienzo y “debe servir para
despejar el camino hacia la sanción a los responsables”.
Demandó al gobierno hacer lo posible para que se frenen
las desapariciones y muertes de personas como ha estado ocurriendo en la
entidad; “para que no haya familias como la nuestra”, recalcó.
La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, solicitó a las autoridades a
continuar con las investigaciones y procesos de identificación, juzgamiento y
sanción contra los responsables de ese acto.
Tras aceptar la responsabilidad del Estado Mexicano,
Limón García reiteró su compromiso “irrestricto con la promoción y defensa de
los derechos humanos” y en particular con la búsqueda incansable de los
responsables de la desaparición de Jiménez Álvarez.
Agregó que la disculpa pública del Estado servirá también
para materializar acciones concretas que corten de raíz las violaciones a los
derechos humanos y dijo a la esposa de la víctima, “usted tiene derecho a
conocer las circunstancias que hicieron que su esposo desapareciera”.
El procurador Iñaki Blanco Cabrera reconoció la
responsabilidad de los cinco elementos judiciales involucrados en la
desaparición de Jiménez pero al mismo tiempo ofreció continuar las
investigaciones para ubicar su paradero.
“La desaparición en el que involucra a elementos
policíacos, obliga a los servidores públicos a dejar de lado la prepotencia, la
violencia y la arrogancia en el desarrollo de sus funciones como servidores
públicos y obliga a los servidores públicos a ser mejores”, dijo.
El director del Centro de Derechos Humanos, José Rosario
Marroquín, dijo que esa disculpa pública es producto de una “incansable
búsqueda de justicia” de la esposa de la víctima y que servirá como ejemplo
para que la sociedad no acepte más impunidad, sobre todo cuando se trate de
desaparición forzada.
“Estamos en Guerrero, un estado donde han sido
documentados numerosos casos de desaparición forzada, iniciadas en los años
sesenta y continuadas hasta hoy, pero también estamos en México, donde en el
contexto del crimen organizado han sido cometidas numerosas violaciones a los
derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas y militares”, expuso.
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