México, D. F.- El Senador Armando Ríos Piter presentó
ante la Comisión Permanente, la iniciativa para expedir la Ley General en
Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la
Corrupción, que crea un órgano que lucha contra este flagelo y maximiza las
herramientas establecidas en la reforma constitucional para enfrentar la
enfermedad que contamina cada vez más el sistema político, económico y de
gobierno.
Ante la presencia de
los coordinadores parlamentarios de los principales partidos políticos
representados en el Congreso de la Unión, Ríos Piter hizo también un exhorto a
la Cámara de Diputados para que dictamine la minuta que fue enviada por los
senadores hace más de un año en materia de combate a la corrupción, la que
dijo, permanece en la congeladora.
En tribuna, el
senador Ríos Piter, también precisó que según datos del Consejo Coordinador
Empresarial, se pierde el 10 por ciento del Producto Interno Bruto por actos de
corrupción en México. Antes, acompañado por el Coordinador y Vicecoordinadora
de la bancada perredista, Miguel Barbosa y Dolores Padierna, respectivamente,
así como del senador Alejandro Encinas, expuso los alcances de su propuesta.
Por otra parte,
indicó que un sondeo reciente del INEGI, el 88 por ciento de la población
mexicana percibe que la corrupción existe en todos los ámbitos de la vida
pública, ubicando en primer lugar a los cuerpos policiacos y en segundo ámbito
a los partidos políticos, situación que debiera ocupar a los legisladores para
promover las leyes pendientes.
Reiteró un amplio
llamado para que en el próximo periodo extraordinario,
sea motivo de agenda, la dictaminación de la minuta que está en la cancha de
los Diputados y que fue apoyada por la gran mayoría de las fuerzas políticas
del Senado.
El objetivo de la iniciativa
presentada por Ríos Piter, es reglamentar lo relativo al órgano responsable de
combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de
las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana,
que establece el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio
público.
Además propone un
registro público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores
Públicos Federales. El cuál será llevado por el Instituto para el Combate a la
Corrupción, y se le dará seguimiento a la situación de los servidores públicos
de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que
reciban o apliquen recursos públicos.
Esta propuesta establece
además, el mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada
en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, así como la elección de
representantes ciudadanos para el Consejo Consultivo.
Plantea las responsabilidades
administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con
motivo del incumplimiento de sus obligaciones por hechos de corrupción; así
como el castigo a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien
en este tipo de acciones.
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