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Las leyes secundarias en materia de energía en la Cámara de Diputados.


* Por Esteban Valdeolivar.

Las leyes secundarias en materia de energía iniciaron esta semana en la Cámara de Diputados una etapa crucial, en la que el pleno discutirá siete dictámenes —cuatro de ellos ya avalados por el Senado— que modificarán el marco jurídico que regula el sector desde la expropiación petrolera de 1938.

Estos dictámenes incluyen 21 normas y parten de las iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el 30 de abril. Con ellos se busca reglamentar la reforma constitucional promulgada en diciembre de 2013, cuyo eje es abrir la industria mexicana a la inversión privada nacional y extranjera.

En el pleno del Senado, la discusión de los cuatro primeros dictámenes tomó cinco días —del 17 al 21 de julio—, un periodo que los diputados estiman será más largo en la Cámara baja, tanto por el mayor número de documentos a debate como por el mayor número de legisladores (500, cuando en la Cámara alta hay 128); se comenta que el proceso puede concluir el sábado 2 de agosto pero, podría extenderse aún más.

Los cuatro dictámenes avalados por el Senado incluyen las leyes de Hidrocarburos, de Industria Eléctrica, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los órganos reguladores del sector.

Por acuerdo entre los diputados del PRI y del PAN, tres de ellos se aprobaron en comisiones sin cambios, lo que implica que si el pleno les da el visto bueno serán enviados al presidente para que los promulgue.

El único en el que se han hecho modificaciones es el de las leyes de Pemex y de la CFE.
A propuesta del PRI y del PAN, la Cámara baja perfila dar mayor autonomía presupuestal a ambas empresas, un cambio que obligaría a que el documento regrese al Senado para una nueva revisión.

Los otros tres dictámenes —con las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Fondo Mexicano del Petróleo y de Ingresos sobre Hidrocarburos— llegaron a San Lázaro como cámara de origen porque se relacionan con el erario público.

El más polémico es el de Presupuesto, pues plantea que el Estado asuma los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, que en conjunto ascienden a 1.6 billones de pesos.

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