David Martínez Téllez La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la evaluación educativa a los maestros debe aplicarse. O lo hacen o habrá consecuencias laborales.
Los 11 ministros coincidieron en que debe proseguir la reforma educativa, la cual no vulnera los derechos labores de los profesores.
Se concluyó que la Constitución privilegia el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad, lo anterior, por encima de la estabilidad laboral de los maestros.
Otro argumento de los ministros es: no asistía razón a los maestros inconformes con la evaluación pues, la Reforma Educativa sí respeta los derechos humanos y permite controlar la calidad del Servicio Profesional Docente.
En respuesta al amparo 295/2014 promovido por los maestros la SCJN determinó: La Ley General del Servicio Profesional Docente no atenta contra la estabilidad laboral, pues se trata sólo de un requisito previsto en la Carta Magna, para este fin.
El ministro José Ramón Cossío consideró que será la ley reglamentaria la que fijará criterios, términos y condiciones para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
La SCJN ya fijó una postura legal y por lo tanto los maestros deben obedecerla, ya que la última interpretación jurídica la impone precisamente esta instancia. Aunque los maestros todavía pueden recurrir a órganos jurisdiccionales a nivel internacional.
Mientras los maestros interponen la demanda en otros niveles, la ley determinó la aplicación de la evaluación y si no se permite su aplicación habrá sanciones que van desde la reubicación hasta el despido.
Hasta aquí debe aplicarse la ley; sin embargo, los maestros ya están realizando actos políticos con manifestaciones y movilizaciones.
Se supone que con esas actividades van a persuadir a la sociedad para que los apoye en sus demandas. Esto último lo observo complicado cuando se sabe que la CNTE o más bien, los líderes obtienen, a través de esta misma organización, pingües beneficios.
La acción política con sus presiones magisteriales podría obligar a algún funcionario de primer nivel del sector educativo o político a abrir otra negociación. Siempre existe esta posibilidad en un país donde se privilegia la política.
O en otras palabras la simulación.
La ley en esta controversia de la Reforma educativa es muy clara y debe aplicarse. A menos que los maestros con sus radicalizaciones inclinen la balanza a su favor.
***Responsable del BLOG: Julio Zenón Flores. Periodista, escritor, marketer digital y maestrante en ciencia política. Premio estatal de periodismo y premio estatal de periodismo legislativo. www.facebook.com/juliozflores
Política y politicos
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