Baldemar Gómez Roque
Chilpancingo,
Gro., 22 de Septiembre del 2015.- La Presidenta de la Comisión de Gobierno del
Congreso local, Flor Añorve Ocampo, subrayó que ante la proximidad del primer
aniversario de los hechos de Iguala, el Poder Legislativo del Estado solicitó
al gobierno estatal la implementación de seguridad para resguardar el inmueble
y la seguridad de sus trabajadores por los movimientos sociales que se avecinan.
La Presidenta de la Comisión de Gobierno del
Congreso local, Flor Añorve Ocampo, informó que los legisladores de dicha
comisión acordaron solicitar al gobierno de Rogelio Ortega Martínez se les
apoye con resguardo policial, a fin de resguardar el recinto legislativo de las
movilizaciones que pudieran realizar los estudiantes de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quien está a días de celebrar un año de los
trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
Entrevista
en el intermedio de la sesión realizada este
día martes, la diputada local
priista manifestó que fue un acuerdo que hicieron los integrantes de la
Comisión de Gobierno los que decidieron solicitar el resguardo policial, ante
los hechos que ya habían sufrido el inmueble y los miembros de la pasada
legislatura, por ello, pidieron la vigilancia que a partir de este martes ya
fue instalada alrededor del edificio.
Dijo “en
ese arribo que estamos emprendiendo como 61 legislatura estamos convocando al
dialogo a todas las partes, no queremos recordar ni vivir hechos de violencia
como los que ya se padecieron con anterioridad, por ello solicitamos la
presencia policial, nosotros queremos refrendar a la población que este recinto
es del pueblo y debe de ser cuidado y respetado como tal”.
Cuestionada
sobre la exigencia que demandan trabajadores del gobierno del estado en
relación al pago del Bono Sexenal, dijo “hasta el momento el Congreso local no
ha recibido ninguna petición de apoyo de los trabajadores inconformes, no
sabemos que esté pasando con ello”.
No dio mayor
información, ya que dijo que desconocía las previsiones que tomó el gobierno
estatal para atender la demanda de los trabajadores, “será el estado
quien financieramente determinen si hay posibilidades para dar una respuesta
favorable o no”.
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