Intervención del Diputado
Sebastián De la Rosa Peláez, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del
P.R.D.
en la Sexagésima Primera Legislatura
al
Honorable Congreso del Estado de
Guerrero.
Con el permiso de la Mesa Directiva,
Compañeras y compañeros Diputados:
Inicio
esta intervención, lamentando profundamente que el Partido Movimiento Ciudadano
en Guerrero prepare una guerra sucia,
en contra del Presidente Municipal de Acapulco; que resulta incluso, violatorio
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por estar
involucrados funcionarios de ese Partido.
Y
no porque el Partido Movimiento Ciudadano lo tenga así contemplado en sus
Estatutos o su Declaración de Principios; sino porque el interés personal de la
su dirigencia, se ha impuesto por encima del compromiso que institucionalmente
asumieron ante la ciudadanía; una ciudadanía que confió en sus representantes y
hoy demuestran -sin principio y legitimidad alguna- que poco les importa.
El
ejercicio sano y elemental de la política está sustentado en la tolerancia, en
el reconocimiento a la otredad y el respeto a la diversidad ideológica y la
pluralidad política; de tal suerte que, sobre la base de estos principios, se
pueda acordar, se pueda asumir un
compromiso mutuo que privilegie la gobernanza, la gobernabilidad y la armonía,
precisamente sobre los intereses personales o de grupo.
En
una democracia representativa como la que vivimos, que por cierto debe
trascender a una democracia participativa, no es menos lo que la ciudadanía
espera de los institutos políticos, a quienes se nos ha conferido luchar, en su
representación, por una vida digna, que garantice el ejercicio pleno de las
libertades y derechos humanos de todas y todos los guerrerenses.
Muy
a pesar de lo anterior, muy a pesar de responder a principios tan legítimos
como elementales en el ejercicio de la política, lo que observamos de esa
dirigencia, de las personas que asumen la dirigencia del Partido Movimiento
Ciudadano, es una práctica política basada en la denostación, en la intriga y
perversidad, afirmando categóricamente: “Nuestro
objetivo es Evodio, es pegarle a Evodio y es chingar a Evodio…”
En
esta afirmación categórica, ¿hay algo que se asemeje a luchar por el bienestar
social de Acapulco, se exhibe algún propósito que contribuya al mejoramiento
del bienestar social de las y los acapulqueños, hay algún viso de respeto al
interés general de la población?
Tampoco,
compañeras y compañeros diputados, me extraña que con esta estrategia exista
una clara intención de encubrir la responsabilidad política de la
administración municipal anterior en Acapulco; la ausencia de la elemental
ética política y la falta de escrúpulos para enfrentar el juicio ciudadano, se
equiparan al tamaño de su irresponsabilidad en el ejercicio de gobierno y la
conducción de la administración municipal.
Acapulco
en particular, y Guerrero en general, están más allá de la miopía política de
Movimiento Ciudadano; la denostación y descalificación a ultranza como práctica
política debe ser sustituida por el debate respetuoso y tolerante, que nos
permita construir entendimientos en razón del interés general. Eso, es algo que
Movimiento Ciudadano tiene dificultad para entender.
Pero
esto no lo es todo ni lo más preocupante. Lo verdaderamente preocupante es que
al menos dos funcionarios públicos de primer nivel en la Administración
Estatal, Mario Ramos del Carmen y Abel Arredondo Aburto, Secretarios de
Contraloría y Transparencia Gubernamental y, de Fomento y Desarrollo Económico,
respectivamente, formen parte de esta estrategia de descrédito que no solo
denigra el ejercicio de la política, sino que presume el uso de los recursos,
medios y facultades atribuidos a la Administración Pública Estatal.
Lo
anterior, en términos de los artículos 61 y 63, de la Ley de responsabilidades
de los servidores públicos, en correlación con el artículo 197 de la
Constitución local, puede ser constitutivo de responsabilidad administrativa,
en los casos en que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones,
realicen actos u omisiones que contravengan la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia a los que están obligados responder.
La
participación de estos funcionarios, dada su participación en los hechos
descritos, evidentemente han incumplido con las obligaciones que le impone la
ley en su carácter de servidores públicos, de ahí que el ciudadano Gobernador
del Estado, no puede dejar pasar desapercibidos estos hechos, debiendo actuar
en concordancia con el marco jurídico que le atribuye como Titular del Poder
Ejecutivo Estatal.
Compañeras
y compañeros, solo me queda reiterar que debemos honrar el compromiso asumido
con todas y todos los guerrerenses, para hacer del ejercicio de la política un
instrumento de contribuya a construir acuerdos que fortalezcan la
gobernabilidad y la armonía entre autoridades y ciudadanía.
En
este sentido, la Fracción Parlamentaria del PRD en este Congreso, reitera al
Ciudadano Gobernador del Estado, nuestro compromiso de trabajar juntos por el
bien de Guerrero, pero así mismo habremos de exigir de su parte el estricto
cumplimiento de la ley en tanto responsable de la Administración Pública
Estatal y destituya, de manera inmediata, a los funcionarios involucrados en
esta estrategia de denostación en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Acapulco de Juárez.
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